Calificación.
Además de Colombia, otros 31 países del mundo, entre ellos todos los miembros de la Unión Europea así como los países de Chile, Perú, Estados Unidos, y Canadá consideran a las guerrillas subversivas marxistas comunistas FARC como una organización terrorista. Los gobiernos de Ecuador, Bolivia y Brasil no lo hacen, pues lo consideran un asunto interno de Colombia. A pesar de ello, Brasil les ha prohibido entrar en su territorio, su Ministro de Defensa, Nelson Jobim declaró que si las FARC entraban a su territorio serían "recibidas a balazos" (literalmente).
El gobierno de Venezuela no considera como terroristas a las FARC. Su ex presidente, Hugo Chávez, solicitó un estatus de beligerancia para dicho grupo y que fuesen excluidas de las listas de organizaciones terroristas de los gobiernos latinoamericanos y de la Unión Europea. También ha dicho que las FARC tienen un «proyecto político bolivariano» que en su opinión es respetado en Venezuela. La inteligencia militar del ejército colombiano habia interceptado comunicaciones de las FARC en las que usanban el sobrenombre de El amigo para referirse a Hugo Chávez. Además observadores internacionales han reiterado el supuesto apoyo económico, político y militar que el gobierno de Venezuela y del ex Presidente Hugo Chávez podría haber hecho a las FARC. A este respecto, el Gobierno de Venezuela solicitó a la Unión Europea, por un lado retirar al grupo de la lista de grupos terroristas y por otro otorgarles el estatus de «grupo beligerante».
En cambio, el bloque de la Unión Europea por intermedio de su presidente José Manuel Durao Barroso, rechazó esta propuesta y reafirmó la posición de la Comunidad Europea respecto al calificativo de terroristas para las FARC.
La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, al responder a una crítica del gobierno colombiano por no considerar a las FARC como una organización terrorista, ha afirmado que «en lugar de detenerse en un debate semántico sobre cómo calificar a las FARC, el gobierno colombiano debería preocuparse por el hecho de que las partes en conflicto, sea la guerrilla, los paramilitares o las fuerzas de seguridad, siguen ignorando los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional». Amnistía Internacional también ha afirmado que el Comité internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos rechazan la interpretación de que en Colombia no exista un conflicto armado sino que existe una guerra contra el terror.
Aun así, Amnistía Internacional ha condenado públicamente a las FARC por diferentes actos de terrorismo como el asesinato de civiles desarmados así como les ha pedido de manera directa terminar con los actos de violación de derechos humanos contra civiles, ataques a ambulancias de la Cruz Roja, secuestro de civiles, reclutamiento y tortura de menores entre otros.
Las partes en un conflicto armado interno tienen la obligación de respetar el DIH y este hecho no tiene ningún impacto sobre su estatuto jurídico. El CICR no tiene la competencia para reconocer el estatuto jurídico, o pronunciarse sobre el estatuto político de las partes en conflicto.
Financiación de las FARC.
La financiación para sus actividades tiene múltiples orígenes.
Según un estudio realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, en el año 2003 la principal fuente de ingresos de las FARC fue el cobro de rescates por secuestros y el robo de ganado, obteniendo ganancias de 19 millones de dólares estadounidenses.146 Las ganancias obtenidas del narcotráfico son el 30% del total, y la mayor parte del dinero que obtienen por este delito es por el «Impuesto al gramaje», el cual es pagado por cada gramo producido por los campesinos cocaleros y grupos narcotraficantes. Según algunos expertos, la extensión de los campos de coca (algo muy necesario para la economía de las FARC), causa daños irreparables en el medio ambiente.
En un informe de circulación restringida elaborado por el gobierno de Colombia se afirma que las FARC obtienen el 78% de sus recursos del narcotráfico, obteniendo más 1000 millones de dólares al año sólo por venta de droga. Según esas mismas fuentes, la extorsión (a través de vacunas) les significan a las FARC más de 600 millones de dólares, mientras que el robo de ganado ocupa el tercer puesto entre sus métodos de financiamiento.
Acciones guerrilleras de las FARC.
Sus métodos de combate incluyen la guerra de guerrillas y combate regular convencional. Sus actividades también incluyen los secuestros, actos terroristas y la utilización de armas no convencionales como cilindros bombas.
Organismos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch, entre otros, le han solicitado a las FARC que deje de usar armas no convencionales, pues según el organismo internacional "El continuo uso de cilindros de gas por las FARC muestra un flagrante desprecio por la vida de los civiles por parte de estos grupos armados".
Según la "ley 002" del 2000 anunciada públicamente por El Mono Jojoy de las FARC durante las conversaciones de paz en el Caguán, cualquier directivo de empresa o persona natural con un patrimonio mayor a un millón de dólares deberá pagar un equivalente al 10% de dicho patrimonio bajo la amenaza de secuestro. Esta amenaza provocó en su momento un éxodo de colombianos hacia el exterior.
Se ha denunciado que las FARC utilizan armas químicas que violan el Derecho Internacional Humanitario, con serias repercusiones contra la población civil.
Según estadísticas de la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonales, las FARC son los mayores sembradores de minas antipersonales en Colombia y el mundo.
La Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos de América incluyeron en 2001 a las FARC en la lista de organizaciones terroristas, al igual que a la guerrilla del ELN y las AUC. Organizaciones de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional los consideran, al igual que a otros grupos ilegales, culpables de violar los derechos humanos, de atacar y perjudicar indiscriminadamente a civiles.
De acuerdo con investigaciones de Human Rights Watch, las FARC han reclutado a niños, incluyendo a menores de 18 y 15 años.
El uso de armas no convencionales es bastante frecuente por parte de las FARC, dentro de los que se incluyen animales bomba, los cuales son cargados con explosivos y entrenados tanto para caminar hacia los objetivos, como abandonados para ser detonados al paso del objetivo, suelen utilizar distintos objetos para esconder importantes cantidades de material explosivo como balones de fútbol, cajas, botellas, bicicletas, canastas, cadáveres y en algunos casos incluso casas enteras que detonan al abrir una puerta o intentar ingresar en ellas.
Atentados de las FARC.
Atentado al edificio de Caracol Radio perpetrado por las FARC el 12 de agosto de 2010. En el ataque terrorista hubo 10 muertos y dejó un saldo de 43 persona heridas.
Las FARC han utilizado carros o vehículos bomba en diferentes oportunidades, ocultando los explosivos dentro de un vehículo posteriormente abandonado o engañando al conductor del mismo para que lo transporte al lugar del atentado.
En algunos casos han hecho explotar dichos vehículos remotamente, matando al conductor y provocando la muerte o heridas a transeúntes que se encuentren alrededor.
Entre las variantes de este tipo de atentados se incluyen los animales bomba, carretillas bomba y según el Comandante de la Policía del Departamento de Arauca, coronel Luis Alcides Morales, también bicicletas bomba. El gobierno colombiano, y algunos países de la comunidad internacional, considera estos actos como atentados terroristas.
En la Masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, murieron entre 74 y 119 civiles a causa de un cilindro-bomba lanzado por las FARC contra una iglesia. Se trataba de ciudadanos del municipio de Bojayá, Chocó, que se habían refugiado en la iglesia en medio de un combate entre las FARC y paramilitares de las AUC.
Estos hechos fueron certificados por un informe de las Naciones Unidas.
El 14 de abril de 2005, La guerrilla realizó una incursión armada a Toribío, lanzando cilindros-bomba contra la población civil de forma indiscriminada. Tres policías y un niño murieron en el ataque dejando más de 30 heridos entre civiles y militares.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado manifestó "La Oficina condena los injustificables actos de violencia cometidos por las FARC en Toribío, con los cuales se han infringido en forma grave los principios y las normas del derecho internacional humanitario, y se ha demostrado nuevamente un total menosprecio por la vida, la integridad y la seguridad de los civiles".
En ninguno de los casos existen dudas sobre los responsables de los atentados.
Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, entre otros, han reclamado a las FARC por violaciones al derecho internacional humanitario y al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Se incluye:
- Reclutamiento de menores.
- Actos de violencia sexual contra mujeres y niñas como violaciones y torturas.
- Desapariciones forzadas.
- Secuestro de civiles.
- Trato inhumano a rehenes
- Desplazamiento forzado.
- Abortos forzados.
- Ejecuciones extrajudiciales.
- Asesinato de rehenes.
Actos contra la libertad de expresión.
Las FARC ha sido denunciada por sus actos contra la libertad de expresión por organizaciones como "Reporteros Sin Fronteras", quienes los acusan del secuestro de cerca de medio centenar de periodistas, así como de "hacer prácticamente imposible el trabajo de la prensa en las regiones que controlan".
Narcotráfico y las FARC.
Originalmente, los guerrilleros de las FARC se oponían al cultivo de la coca. Durante la décadas de 1970 y 1980 lo aceptaron, participando en el narcotráfico a través de la creación de un «impuesto» (el llamado gramaje) sobre los cultivos ilícitos, aplicable a los campesinos cultivadores. Al mismo tiempo, presentaron propuestas para una posible sustitución de cultivos. Posteriormente las FARC diversificarían su actividad más allá de la regulación de los cultivos, cobrando «impuestos» a las actividades de los carteles de la droga, incluyendo a los laboratorios y las pistas de aterrizaje clandestinas.
Para el 2005, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda de Colombia, estimaba que el porcentaje del dinero embolsado por las FARC procedente de los «impuestos sobre el gramaje» era alrededor de un 30% de sus ingresos totales, siendo estos de unos $600 millones de dólares durante el año 2003. Según los estimativos de la UIAF, el secuestro y la extorsión ganadera constituyen todavía las principales fuentes de financiación de las FARC.
La relación de las FARC con los cárteles de la droga ha sido controvertida. El grupo guerrillero niega rotundamente que participen en el negocio de las drogas más allá del «impuesto de gramaje» a la cultivación. Tanto el Gobierno de Colombia como el de EE.UU. afirman que las FARC actúan como un gran cartel. Existen analistas políticos que niegan que las FARC sean un grupo de narcotraficantes propiamente dicho, aún si existen relaciones entre el grupo guerrillero y las actividades del narcotráfico.
En Colombia y en EE.UU. se han iniciado procesos penales acusando a miembros de las FARC de delitos relacionados con el narcotráfico, basándose en testimonios de personas identificadas como reinsertadas y colaboradores, interceptaciones de radio grabadas y documentos emitidos por las FARC.
En febrero de 2007, la extraditada Nayibe Rojas, conocida como «Sonia» en las FARC, y otras dos personas fueron declaradas culpables de narcotráfico por un jurado en una corte de los Estados Unidos. «Sonia» había sido acusada por los fiscales estadounidenses por cargos relacionados con el tráfico de drogas hacia ese país. La defensa de «Sonia» insistió en que ni ella ni las FARC participan en el tráfico de drogas, afirmando en cambio que le cobran un impuesto a la producción de coca. Existen analistas que consideran a estos juicios como una estrategia de presión para forzar a las FARC a negociar un proceso de paz con el Gobierno Colombiano.
Secuestros por la FARC.
Íngrid Betancourt fue secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002. Sin embargo, el 2 de julio de 2008 es rescatada por el Ejército Nacional de Colombia junto a otros tres ciudadanos estadounidenses.
El secuestro es uno de los varios métodos utilizados por la guerrilla. A finales del mes de abril de 2012, el grupo secuestró al periodista francés Roméo Langlois, hecho que fue atribuido por el Frente 15 de las FARC. Una integrante de la agrupación afirmó: "Tenemos al periodista francés en nuestro poder". Poco después, el secretariado de las FARC confirmó la retención alegando que se trataba de un prisionero de guerra. Sin embargo, tanto el gobierno de Colombia como Human Rights Watch y la Organización de las Naciones Unidas rechazaron de forma rotunda que el grupo guerrillero le concediera el estatus de "prisionero a reportero francés", debido a que no es un argumento "válido conforme al Derecho internacional humanitario". Por tal motivo, pidieron "liberarlo de inmediato" y sin ningún tipo de condiciones. De igual manera, la Sociedad Interamericana de Prensa recordó que "los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado que realizan peligrosas misiones profesionales en zonas de conflicto armado deberán considerarse civiles y ser respetados y protegidos como tales", tomando como referencia la Resolución 1738 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Finalmente el 30 de mayo el grupo guerrillero liberó al periodista Roméo Langlois en el departamento de Caquetá. Sin embargo, Langlois dijo que las FARC "metieron un gol" y que fue utilizado como un "muñeco" en referencia a que el secuestro fue una estrategia política: "hicieron política (...) son expertos en hacer dramaturgia fue un gol que metieron a costas mia".
Con este nuevo hecho quedó demostrado que el grupo insurgente continúa con el método del secuestro, a pesar de que en algún momento decidieron poner fin por medio de un comunicado. Aunque la guerrilla dijo no al secuestro, varios periodistas y medios de comunicación afirmaron que el flagelo del secuestro aún seguía en Colombia. La organización llegó secuestrar a extranjeros de distintas nacionalidades y colombianos entre civiles y militares de todas las edades. Algunos de sus secuestrados, llegaron a cumplir más de 10 años en su poder. Uno de los casos más recordados a nivel mundial fue el secuestro de la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien fue secuestrada en medio de su campaña preseidencial. Según los relatos y pruebas recolectadas, cada secuestrado en poder de las FARC es encadenado durante varias horas al día y supervisado por un guerrillero, fue el fracasado intento de rescate del asesor de paz de Antioquia, Gilberto Echeverry Mejía y del Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria que fueron asesinados como reacción al hostigamiento del ejército, según relataron sobrevivientes. También el caso del sargento del ejército José Libio Matínez, el coronel de la Policía Edgar Duarte, el mayor de la misma institución Elkin Hernández Rivas y el subintendente Álvaro Moreno; muertos por las FARC-EP ante una operación de rescate adelantada por las FFMM, situación que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos rechazó contundentemente y denominó la acción de las FFMM como una operación de localización.
Finalmente el 30 de mayo el grupo guerrillero liberó al periodista Roméo Langlois en el departamento de Caquetá. Sin embargo, Langlois dijo que las FARC "metieron un gol" y que fue utilizado como un "muñeco" en referencia a que el secuestro fue una estrategia política: "hicieron política (...) son expertos en hacer dramaturgia fue un gol que metieron a costas mia".
Con este nuevo hecho quedó demostrado que el grupo insurgente continúa con el método del secuestro, a pesar de que en algún momento decidieron poner fin por medio de un comunicado. Aunque la guerrilla dijo no al secuestro, varios periodistas y medios de comunicación afirmaron que el flagelo del secuestro aún seguía en Colombia. La organización llegó secuestrar a extranjeros de distintas nacionalidades y colombianos entre civiles y militares de todas las edades. Algunos de sus secuestrados, llegaron a cumplir más de 10 años en su poder. Uno de los casos más recordados a nivel mundial fue el secuestro de la ex candidata presidencial colombiana Íngrid Betancourt, quien fue secuestrada en medio de su campaña preseidencial. Según los relatos y pruebas recolectadas, cada secuestrado en poder de las FARC es encadenado durante varias horas al día y supervisado por un guerrillero, fue el fracasado intento de rescate del asesor de paz de Antioquia, Gilberto Echeverry Mejía y del Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria que fueron asesinados como reacción al hostigamiento del ejército, según relataron sobrevivientes. También el caso del sargento del ejército José Libio Matínez, el coronel de la Policía Edgar Duarte, el mayor de la misma institución Elkin Hernández Rivas y el subintendente Álvaro Moreno; muertos por las FARC-EP ante una operación de rescate adelantada por las FFMM, situación que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos rechazó contundentemente y denominó la acción de las FFMM como una operación de localización.
El día 18 de junio de 2007, las FARC reportaron la muerte de 11 de 12 diputados del Valle del Cauca, luego de haberlos tenido secuestrados durante 5 años. Según el grupo guerrillero, los diputados murieron durante el fuego cruzado que se habría presentado en medio de un combate con un «grupo militar no identificado».
La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de Álvaro Uribe.Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados. Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos, repudiaron la muerte de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las fuerzas militares en los hechos.
Posteriormente se demostró que los 11 secuestrados fueron asesinados por disparos de fusiles AK-47 en cumplimiento de previas órdenes de ejecución en caso de un intento de liberación, órdenes de la cúpula de las FARC.
La guerrilla culpó a la «intransigencia» del gobierno de Álvaro Uribe.Human Rights Watch responsabilizó de manera directa a las FARC por la muerte de los secuestrados. Amnistía Internacional y ONGs de derechos humanos, repudiaron la muerte de los diputados y responsabilizaron a las FARC por mantenerlos en cautiverio y ponerlos en peligro. Ángela Giraldo, hermana del diputado Francisco Giraldo, le exigió al gobierno acceder al despeje de Pradera y Florida. El presidente colombiano acusó a las FARC de asesinar a los diputados y negó cualquier participación de las fuerzas militares en los hechos.
Posteriormente se demostró que los 11 secuestrados fueron asesinados por disparos de fusiles AK-47 en cumplimiento de previas órdenes de ejecución en caso de un intento de liberación, órdenes de la cúpula de las FARC.
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