FARC. SEGUNDA PARTE.

FARC. SEGUNDA PARTE.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Fallido Proceso de Paz (1998-2002).

En 1998, mediante acuerdos con el gobierno del recién elegido presidente Andrés Pastrana Arango, se creó la Zona de distensión, una zona desmilitarizada que se extendida en 40 000 km², aproximadamente el tamaño de Dinamarca, entre los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Caguán, con el fin de llevar a cabo un proceso de paz con este grupo armado. En dicha zona, las FARC hicieron presencia en cascos urbanos y se les acusa de efectuar violaciones permanentes a los Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, amparados por el proceso de paz del gobierno, se afirma que las FARC incrementaron la producción y tráfico de drogas, la compra de armamento ilegal y la presión sobre las autoridades locales. El "proceso de paz" duró entre 1998 y 2002, pero, a pesar de varios avances teóricos y documentales, las tensiones, la inasistencia de los cabecillas a la mesa de diálogo con el famoso incidente de "la silla vacía" y polémicas alrededor de la negociación no permitieron que se concretara el proceso.

El 20 de febrero de 2002, la columna móvil de las FARC Teófilo Forero, secuestró un avión de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Gechem. La guerrilla liberó ese mismo día a todos los pasajeros excepto al senador. Este episodio y los profundos desacuerdos entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla en relación a los controles aéreos, terrestres y fluviales en la zona desmilitarizada, llevaron al gobierno de Pastrana a dar por terminadas las negociaciones con las FARC.

Durante todo el proceso de paz, el Gobierno Colombiano y las FARC se acusaron mutuamente de impedir el normal desarrollo del proceso:

• Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch, dieron a conocer denuncias de pobladores de la zona acerca de la violación permanente de los Derechos Humanos, entre los que sobresale el reclutamiento de civiles por parte de las FARC (entre los cuales se incluían reclutamiento forzado de menores de edad desde los 10 o 12 años, acción prohibida internacionalmente).

• El gobierno acusó a las FARC del uso de la zona de distensión (zona desmilitarizada) para fortalecerse militarmente, lanzar ataques, esconder prisioneros, secuestrados y realizar actividades relacionadas con el narcotráfico, además de incumplir las condiciones pactadas entre las partes.

• Al mismo tiempo las FARC, acusaron al gobierno de utilizar el proceso de diálogo para implementar el Plan Colombia y de esta manera fortalecerse militarmente.

• El gobierno de la época mostró a la opinión pública fotografías aéreas donde se veían campos de entrenamiento armados instalados por las FARC en la zona, a pesar de que esta zona se consideraba como zona "desmilitarizada".

• Además de acciones directas que realizaron las FARC contra la población civil, como el presunto envenenamiento de un acueducto en el departamento del Huila días antes de que el gobierno finalmente terminara con las negociaciones.

• El tema de cultivo de coca direcionado al narcotráfico ha sido relacionado con el accionar de las FARC por el gobierno de los EE. UU.
Período 2002-a la Actualidad.

EL 23 de febrero de 2002, tres días después de la terminación de la Zona de distensión por parte del gobierno Pastrana, se presentó el secuestro de la candidata presidencial Íngrid Betancourt cuando intentaba llegar por tierra a la población de San Vicente del Caguán. Varios funcionarios de la época señalaron la responsabilidad de la misma candidata al ignorar las advertencias de presencia guerrillera en la zona.
La llegada a la presidencia de la República de Colombia de Álvaro Uribe, quien inicia la implementación del Plan Patriota, implicó la intensificación del combate contra las FARC, sosteniendo la tesis de que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Por su parte las FARC decidieron promover un regreso a la estrategia de guerra de guerrillas, para de esta manera conservar su estructura, a pesar de estar sometidos a un alto grado de presión y de sufrir en el camino varias deserciones e incautaciones de material logístico.

Hacia el año 2002, según cifras del gobierno, el número de guerrilleros en armas de las FARC solía estimarse en alrededor de 18 000 y, a inicios del 2005, según estas mismas cifras su número estaría entre 12 000 y 13 000. En 2008 el ejército estimaba que tendrían 8000 guerrilleros en sus filas. Las FARC no suelen mencionar cifras específicas, pero estiman que tendrían más de 20 000 hombres. Otras fuentes mencionan diferentes cifras.

Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe, no hubo contactos serios entre las FARC y la administración para hablar de paz. Posteriormente, continuaron algunas esporádicas gestiones diplomáticas en pro de la realización de un acuerdo humanitario, conocido también como intercambio de prisioneros o canje, entre las FARC y el gobierno colombiano.

Hasta la fecha, las dos partes no han conseguido ponerse de acuerdo. Las FARC piden que se liberen todos sus guerrilleros presos, incluidos alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia» (quienes fueron extraditados a Estados Unidos acusados de tráfico de drogas y terrorismo) y después de ser reintegrados a la organización, Las FARC liberarían un pequeño grupo de 44 secuestrados, los denominados «canjeables». Para que dicho cambio se haga realidad, las FARC han pedido como requisito la desmilitarización de dos municipios (Pradera y Florida). Para varios observadores, ambas partes aprovechan la situación para promover sus intereses políticos o militares, ante lo cual las partes en conflicto han recibido numerosas críticas de la población civil nacional e internacional.

El 7 de febrero de 2003 las FARC atentaron contra el club El Nogal donde murieron 36 personas y 200 más quedaron heridas, el atentado fue perpetrado por la Columna Teófilo Forero y Miembros del secretariado.

El 6 de mayo de 2003 las FARC asesinaron al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y a su asesor de paz Gilberto Echeverri a quienes secuestraron un año antes durante una marcha por la paz, engañándolos al hacerles creer que iban a hablar con ellos.
Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes es abatido el 1 de marzo de 2008.
El 18 de junio de 2007 las FARC asesinaron a 11 diputados a quienes había secuestrado en 2002, argumentando supuestos ataques del ejército, lo cual no lograron demostrar.
El 1 de marzo del 2008 las FARC sufren uno de los más duros golpes de toda su historia, al morir Luis Edgar Devia Silva alias Raúl Reyes durante un bombardeo por parte de la Fuerza Pública de Colombia su campamento guerrillero ubicado en Ecuador, cerca de la frontera colombiana.108 A su vez, esta incursión desencadena una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela.

El 7 de marzo de 2008 se anuncia que otro miembro del secretariado de las FARC: Iván Ríos fue asesinado por su guardia personal, quienes huyeron entregándose al gobierno colombiano.

El 26 de marzo de 2008, Manuel Marulanda, el fundador y jefe de las FARC también muere, por lo que en menos de un mes la cúpula de la organización es sacudida fuertemente.

Operación Jaque.

Las negociaciones por el "acuerdo humanitario" prosiguieron en un relativo estancamiento hasta que el 1º de julio de 2008 las Fuerzas Armadas de Colombia realizaron un operativo de rescate de un importante grupo de secuestrados en poder de las FARC en las selvas del Guaviare.

Este operativo, llamado "Operación Jaque" consistió en montar un sofisticado engaño durante varios meses, interceptando las limitadas comunicaciones entre los diferentes jefes de la guerrilla para hacerles creer a los custodios de los secuestrados que se preparaba una nueva liberación, probablemente auspiciada por el presidente venezolano Hugo Chávez y algunos emisarios europeos, entre ellos Jean Pierre Gondard, quien a la larga fue manipulado por el gobierno colombiano para concretar el engaño a la cúpula de la guerrilla.

En esta operación fueron liberados la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt junto a tres contratistas norteamericanos y once soldados y policías colombianos que llevaban entre diez y seis años secuestrados. Por esta treta considerada un acto de traición, los altos mandos de las FARC consideran a César sospechoso de traición a la causa y objetivo de sus acciones, aunque éste junto a Gafas en la actualidad permanecen presos y no han sido incorporados al programa de reinserción ni al plan de Justicia y Paz del gobierno colombiano para acoger a los guerrilleros que abandonan voluntariamente a las Farc. Ellos niegan cualquier participación voluntaria en la operación Jaque y sostienen que fueron engañados por las autoridades colombianas alegando el aislamiento y los problemas de comunicación que tenían con el Secretariado, lo cual no les permitió verificar a plenitud la veracidad del supuesto traslado de cautivos con fines de una liberación acordada por sus jefes.

La operación Jaque se considera, junto con la operación Fénix 2 (la que dio de baja a Raúl Reyes), uno de los golpes más duros que el gobierno de Álvaro Uribe ha dado a las FARC en siete años.

Junto a Ingrid Betancourt también convivieron otros dos liberados: Alan Jara, actual gobernador del Meta y Clara Rojas. Alan Jara fue liberado el 3 de febrero de 2009. A las 2:12 p.m. arribó al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio, donde se reencontró con su esposa y su hijo Alan Felipe. Agradeció a , a los miembros de "Colombianos por la Paz". Entre los comentarios que hizo, Jara mencionó que las "Farc no estaban derrotadas para nada", del trato de la guerrilla dijo "no hay maltratos, no hay grosería, no hay humillación" y que la solución al conflicto armado colombiano no solo es militar, también es "política" y que no ve una solución que no sea "la negociada".

Alan Jara aseguró que el presidente Álvaro Uribe le dio un manejo político al intercambio o acuerdo humanitario y dijo que "no había hecho nada por los secuestrados". El presidente Uribe se declaró dispuesto al acuerdo humanitario, pero declaró que siempre y cuando fuera un proceso serio de parte de las FARC y de que los guerrilleros eventualmente liberados no volvieran a la subversión, además de seguir insistiendo en el cerco humanitario o el rescate de los llamados "canjeables". Tiempo después de sus declaraciones hubieron amenazas contra Jara por parte del paramilitarismo, por apoyar a la guerrilla tras 8 años de secuestro.

El 22 de diciembre de 2009, un comando de las FARC asesinó al Gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, secuestrado el día anterior en la localidad de Florencia.117 En mayo de 2010, también en Caquetá y coincidiendo con el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales, las FARC lanzó un ataque en el que murieron nueve militares del ejército colombiano.

El 22 de septiembre de 2010 murió en el departamento del Meta el jefe militar de las FARC Víctor Julio Suárez, alias Jorge Briceño, mejor conocido como El Mono Jojoy, en un bombardeo del ejército.

El 9 de abril de 2011 detuvieron al guerrillero Víctor Ramón Vargas Salazar en una operación desarrollada por el ejército y la armada de Colombia. Víctor Ramón Vargas Salazar buscaba apoyo de la banda terrorista española E.T.A. para asesinar en España a dos expresidentes colombianos.
El 4 de noviembre de 2011 fue abatido
Guillermo León Sáenz Vargas, alias ‘Alfonso Cano’, sucesor de Manuel Marulanda "Tirofijo". El 26 de noviembre del mismo año la guerrilla asesinó a tres policías y a un militar que llevaban más de diez años secuestrados en la selva de Caquetá.

El 3 de febrero de 2012 una oleada de atentados en el suroeste de Colombia causaron al menos 19 muertos y un centenar de heridos en Tumaco, Villa Rica y otras localidades.120 Las explosiones fueron dirigidas contra cuarteles de policía aunque la mayoría de víctimas fueron civiles. El 18 de marzo otro ataque de las FARC causó la muerte de 11 militares del Ejército Nacional en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela.

El 21 de marzo de 2012 el Gobierno puso en marcha el plan de guerra 'Espada de honor', cuya primera operación tuvo lugar en Arauca dejando 33 guerrilleros muertos y un capturado pertenecientes al frente 10 de esa guerrilla. En la madrugada del 28 de marzo intensos operativos denominados Operación Armagedón en Vista Hermosa Meta dejan 36 guerrilleros muertos y tres capturados pertenecientes al Bloque Oriental, dando un total de 73 guerrilleros dados de baja y capturados en una misma semana, siendo dos de los operativos más contundentes estratégica y logísticamente dados a dicha organización neutralizando a seis cabecillas de frentes guerrilleros, y siete segundos-cabecillas.

El 5 de abril de 2013 cuatro militares colombianos murieron durante los combates con la guerrilla en el norte de Cauca.

Acuerdo Humanitario.

En agosto de 2007, Uribe designa a la senadora del Partido Liberal y opositora del gobierno Piedad Córdoba como facilitadora para el Acuerdo Humanitario de prisioneros y rehenes. Posteriormente se autoriza también la participación del Presidente de Venezuela Hugo Chávez en la facilitación. Los sujetos del eventual acuerdo incluían, entre otros, a Íngrid Betancourt, tres ciudadanos estadounidenses, prisioneros de las FARC así como a alias «Simón Trinidad» y alias «Sonia», dos integrantes de FARC extraditados a los EEUU.

Las gestiones de Córdoba y de Chávez lograron que se aceptara la ciudad de Caracas como territorio neutral para las conversaciones. Los gobiernos de EEUU, Francia, España y Suiza demostraron gran interés en el proceso iniciado. El Movimiento de Países No Alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y el partido gobernante en Uruguay también respaldaron las gestiones.

Durante su gestión la senadora Córdoba logró que tanto «Sonia» como «Trinidad» manifestaran el hacerse a un lado para evitar que el canje no se lograra. Durante el mes de noviembre, en medio de la visita de Chávez a París, el gobierno Uribe estableció como límite de las gestiones el 31 de diciembre de 2007 para lograr el intercambio. Según el gobierno, este plazo era motivado por el hecho de que se trataba de un proceso puntual que no debía dilatarse excesivamente en el tiempo.

El 21 de noviembre de 2007 el gobierno colombiano decidió terminar con la mediación del presidente Chávez. El gobierno mencionó que tuvo lugar una conversación telefónica entre el presidente venezolano y el Comandante del Ejército Colombiano General Mario Montoya, añadiendo que Uribe le había dicho a Chávez con anterioridad que «no estaba de acuerdo con que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el Alto Mando institucional de Colombia».
Organizaciones de apoyo a los secuestrados y la familia de Betancourt expresaron su desacuerdo con esta decisión y pidieron que se reiniciaran las gestiones.

El presidente francés Nicolas Sarkozy expresó que seguía apoyando la gestión realizada por Chávez. El martes 20 de noviembre, Chávez le había dicho al presidente francés que Betancourt estaba viva sin aportar pruebas de supervivencia, según dijo porque estas no habían podido llegar a sus manos debido a operativos militares en Colombia.

El 29 de noviembre, el ejército colombiano incautó a milicianos urbanos de las FARC en Bogotá unas grabaciones en vídeo donde se muestran con vida y en precarias condiciones a varios rehenes, entre ellos la ex candidata presidencial. Según Córdoba, esta era la prueba de que la gestión de Chávez y de ella iban por buen camino. La interrupción de la gestión de Chávez causó un incidente diplomático entre los dos países.

Tanto «Iván Márquez», representante las FARC, como Uribe expresaron su confianza en la mediación de Sarkozy para que el proceso de canje de rehenes siguiera adelante.
Posteriormente a la Operación Jaque el acuerdo cayó casi en el olvido de los medios y la opinión pública, aunque en el transcurso del 2009 las Farc han realizado una nueva liberación de secuestrados de manera unilateral el 30 de enero de 2009.

Más adelante, en abril las Farc anuncian la próxima liberación del cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo y la entrega a Emperatriz de Guevara de los restos de su hijo, el secuestrado fallecido en cautiverio mayor Julián Ernesto Guevara. Hasta el momento las Farc exigen la intermediación de la congresista Piedad Córdoba como requisito para concretar su anuncio, sin recibir la aprobación del gobierno colombiano el cual alega que Córdoba recurre a la manipulación política para hacer carrera con las liberaciones de secuestrados.