FALLO HISTORICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA URUGUAYA.

FALLO HISTORICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA URUGUAYA.

La Suprema Corte Uruguaya por cuatro votos en cinco declaro inconstitucional la ley 18813 que interpretaba a la Ley de Caducidad.

Los fundamentos en que se basa la S.C.J para dictar sentencia, son que la ley declarada inconstitucional, violaba los Principios Generales del Derecho, el Principio de No Retroactividad de las Leyes Penales y que va contra dos pronunciamientos populares, de democracia directa, Referéndum, donde el pueblo por mayoría se manifestó por ratificar la ley en dos oportunidades, en 1989 y 2009.

La primera consecuencia de esta sentencia es que las causas que ya estaban abiertas donde aún no hay militares procesados, serán archivadas, la segunda es que los supuestos delitos cometidos en el proceso cívico militar realizado por los militares, son ahora considerados delitos comunes y no de lesa humanidad, por lo tanto prescribieron a noviembre de 2011, aun sin contar los años del proceso.

La S.C.J. entiende que la Constitución de la República Oriental del Uruguay es la única ley jerárquicamente superior por la cual basarse su sentencia.

Aun cuando desde el gobierno de izquierda se ha hablado de hacer juicio político a la S.C. J., esto es improcedente por cuanto solo se puede hacer esto si hay una configuración de una tipificación penal de delito grave en los actos jurídicos y/o administrativos de la S.C.J., esta situación no existe al momento de dictarse la sentencia de inconstitucionalidad.

Otra opción que se ha mencionado por parte del gobierno de izquierda es que sea llevada la S.C.J. ante los estrados de los Tribunales Internacionales, Corte Penal Internacional según el Estatuto de Roma y también hacer valer los Tratados y Convenios Internacionales que han sido subscriptos y ratificados por el gobierno Uruguayo desde 1948.

Según esta tesis se afirma que los Tratados y Convenios Internacionales, que son leyes supranacionales tienen más jerarquía jurídica que la Constitución nacional y las leyes nacionales al momento de dictar sentencia.

Si consideramos que esto es así, entonces se debería juzgar a los guerrilleros subversivos que están en el gobierno y aquellos que nunca fueron juzgados, porque existen Tratados y Convenios Internacionales que se refieren a los delitos de lesa humanidad cometidos por las guerrillas subversivas terroristas, por ejemplo Eta, Farc, etc, que podríamos incluir también a Tupamaros, PCU, y otros, dentro del mismo grupo de guerrilla subversiva terroristas.

En estos Convenios Internacionales las amnistían a estos grupos, no hacen que estos delitos prescriban, no hay prescripción para los delitos de lesa humanidad para las guerrillas subversivas.

Por último es conveniente para la salvaguarda de las Instituciones y la debida separación de Poderes dentro de la Democracia, que se acepte, acate y reconozca como eficaz y valido, el fallo de la S.C.J., cualquier otra acción contraria solo sería un ataque a la Democracia y al Poder Judicial.