PERSECUCIONES RELIGIOSAS. SEGUNDA PARTE. MEXICO.
LA GUERRA CRISTERA.
La Guerra Cristera (también conocida como Guerra de los Cristeros o Cristiada) en México fue un conflicto armado que se prolongó desde 1926 a 1929 entre el gobierno de Plutarco Elías Calles y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas públicas orientadas a restringir la participación de la Iglesia católica sobre los bienes de la nación así como en procedimientos civiles.
El gobierno del general Obregón (1920-24), nuevo presidente, llevó adelante el impulso perseguidor de la Constitución mexicana: se puso una bomba frente al arzobispado de México; se izaron banderas de la revolución bolchevique -lo más progresista, en aquellos años- sobre las catedrales de México y Morelia; un empleado de la secretaría del Presidente hizo estallar una bomba al pie del altar de la Virgen de Guadalupe, cuya imagen quedó ilesa; fue expulsado Mons. Philippi, Delegado Apostólico, por haber bendecido la primera piedra puesta en el Cerro del Cubilete para el monumento a Cristo Rey.
La revolución del general Venustiano Carranza, que le llevó a la presidencia (1916-20), se caracterizó por la dureza de su persecución contra la Iglesia. En el camino hacia el poder, sus tropas multiplicaban los incendios de templos, robos y violaciones, atropellos a sacerdotes y religiosas.
La Constitución mexicana de 1917 establecía una política que negaba la personería jurídica a las iglesias, prohibía la participación del clero en política, privaba a las iglesias del derecho a poseer bienes raíces e impedía el culto público fuera de los templos. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250 mil,5 entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del Ejército Mexicano.
En 1927, el nuevo presidente Plutarco Elias Calles y José Fernando Rodríguez Rojas, general del gobierno mexicano, promovieron la reglamentación del artículo 130 de la Constitución a fin de contar con instrumentos más precisos para ejercer los controles que la Constitución de 1917 estableció como parte del modelo de sujeción de las iglesias al Estado aprobado por los constituyentes. Estos instrumentos buscaban limitar o suprimir la participación de las iglesias en general en la vida pública, pero dadas algunas características de la legislación, en algunos estados se llegaron a establecer leyes que obligaban a que los ministros de culto fueran personas casadas7 y se prohibía la existencia de comunidades religiosas. Es posible afirmar que la ley tenía un claro sentido anti-católico por ser esta confesión la única que en México contaba con ministros celibes y con comunidades en las que las personas decidían convivir.
Reformando el Código Penal, la Ley Calles de 1926, expulsa a los sacerdotes extranjeros, sanciona con multas y prisiones a quienes den enseñanza religiosa o establezcan escuelas primarias, o vistan como clérigo o religioso, o se reúnan de nuevo habiendo sido exclaustrados, o induzcan a la vida religiosa, o realicen actos de culto fuera de los templos... Repitiendo el truco de los tiempos de Juárez, también ahora desde una Secretaría del gobierno callista se hace el ridículo intento de crear una Iglesia cismática mexicana, esta vez en torno a un precario Patriarca Pérez, que finalmente murió en comunión con la Iglesia.
"Escena de Viernes Santo en pleno siglo XX", del archivo del Presbítero mexicano Jesús María Rodríguez †.
La ley reglamentaria del 130 constitucional facultaba, siguiendo el dictado de la Constitución, a los gobernadores de los estados de la República a imponer cuotas y requisitos especiales a los "ministros del culto". Tal fue el caso de los gobernadores más radicales, como Tomás Garrido Canabal del estado de Tabasco quien decretó normas que iban incluso más lejos, pues obligaban a los "ministros del culto" a ser personas con estado civil de casados para poder oficiar, mientras que en estados como Chihuahua se pretendió forzar a la Iglesia católica a operar con un número mínimo de presbíteros, mientras que en Tamaulipas se prohibió oficiar a los sacerdotes extranjeros.
Es de 1925, con apoyo de la CROM (Confederación Regional Oberera Mexicana – de extracción dindicalista marxista socialista comunista), se creó una falsa Iglesia Católica Mexicana, dotándola de edificios, recursos y medios para romper con El Vaticano. Confrontada con esta situación, la verdadera Iglesia Católica, intentó reunir dos millones de firmas para proponer una reforma constitucional. La petición de los católicos mexicanos fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos comercializados por el gobierno, no comprar billetes de la Lotería Nacional, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó severos daños a la economía nacional, al tiempo que sirvió para que las posiciones de distintos grupos dentro de la propia Iglesia católica en México se radicalizaran.
Los Cristeros.
La radicalización hizo que en zonas de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán y parte de Zacatecas, en la Ciudad de México, y en la península de Yucatán creciera un movimiento social que reivindicaba los derechos de libertad de culto en México. La dirigencia del movimiento, cercana pero autónoma respecto de los obispos mexicanos, creyó viable una salida militar al conflicto. En enero de 1927, empezó el acopio de armas; las primeras guerrillas estuvieron compuestas por campesinos. El apoyo a los grupos armados fue creciendo, cada vez se unían más personas a las proclamas de ¡Viva Cristo Rey! y ¡Viva Santa María de Guadalupe! lanzadas por quienes fueron conocidos como los cristeros.
En una carta dirigida a la prensa, el gobierno y el mundo entero los Cristeros expresan que “Los combatientes dan la sangre y la vida por cumplir un santo deber, el de conquistar la libertad de la Iglesia Católica». Ante el abuso gravemente injusto del poder, «existe el derecho de resistir y de defenderse, ya que habiendo resultado vanos todos los medios pacíficos que se han puesto en práctica, es justo y debido recurrir a la resistencia y a la defensa armada». Le recuerdan también los Obispos que éste «es el sentir de la mayoría de nuestros Hermanos [Obispos] de México», y también el de «los Padres de la Compañía, no sólo en México, sino en Europa y especialmente en Roma».
El origen del sustantivo cristero es disputado. Hay quienes consideran que fueron ellos mismos quienes utilizaron el nombre primero para identificarse, pero hay investigadores del fenómeno, como Jean Meyer, quienes consideran que, en sus orígenes, era una expresión despectiva, usada por agentes del gobierno federal, derivada de cristiano.
En todo caso, los que se conocían como cristeros fueron capaces de articular rápidamente una serie de descontentos locales con las consecuencias de la Revolución Mexicana, así como de aglutinar en torno suyo a grupos que, por distintas razones, se oponían a lo que ya para entonces se conocía como el "Grupo Sonora", nombre creado por el origen sonorense de los presidentes Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. No sólo eso, la Cristiada, como también se le conoce, logró un uso muy eficaz de símbolos religiosos profundamente arraigados en las prácticas colectivas en México. Este uso de símbolos como la Virgen de Guadalupe.
La Guerra.
Uno de los movimientos más importantes fue el ocurrido en Valparaiso , cuando el 14 de agosto de 1926 por la noche apareció don Pedro Quintanar, personaje de gran importancia en toda la lucha cristera. Se preparó el levantamiento que Aurelio Acevedo y sus amigos tenían preparado desde el primero de agosto, ya que el gobierno al saber de la presencia de Quintanar se movilizó más rápido. Se realizó la movilización en Peñitas y Peñas Blancas. Quintanar entraba a combate el 29 de agosto a Huejuquilla el Alto (Jalisco), comenzó así, la primera lucha cristera en forma, quedando como vencedores con el grito ahora triunfante de: ¡Viva Cristo Rey!.
Pío XI bendice el grito:
¡Viva Cristo Rey!.
El 17 de mayo de 1927. •Unos años antes de los sucesos que nos ocupan, en 1914, San Pío X, a petición de los Obispos mexicanos, había autorizado, como «un proyecto para Nos indeciblemente grato», consagrar a Cristo Rey la república de México, y poner corona real en las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, colocando también cetro en su mano, para significar así su realeza.
Los alzamientos siguieron en Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán por el año 1926, luego se sumó casi la totalidad del centro del país. El conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural aunque la dirección de la Liga fue eminentemente urbana. Los cálculos más optimistas consideran que hacia 1927, las fuerzas cristeras rondaban los 12 mil efectivos y dos años después, en 1929, habían alcanzado los 20 mil. Semejantes números son dignos de consideración por varias razones. En primer lugar, los obispos mexicanos, con muy contadas excepciones se distanciaron rápidamente del movimiento armado, desconocieron a la Liga y trataron de negociar la paz con el gobierno de Calles con la mediación del gobierno de los Estados Unidos.
A medida que pasaban los meses, las reticencias de la Iglesia para apoyar a los cristeros iban creciendo, también en Roma. Recordemos que la doctrina tradicional de la Iglesia reconoce la licitud de la rebelión armada contra las autoridades civiles con ciertas condiciones: 1, causa muy grave; 2, agotamiento de los medios pacíficos; 3, que la violencia empleada no produzca mayores males que los que pretende remediar; 4, que haya probabilidad de éxito (Pío XI, Firmissimam constantiam 1937: Dz 3775-76).
Pues bien, la persecución de Calles daba claramente las dos primeras condiciones. Pero algunos Obispos tenían dudas sobre si se daba la tercera, pues pasaba largo tiempo en que el pueblo se veía sin sacramentos ni sacerdotes, y la guerra producía más y más muertes y violencias. Y aún eran más numerosos los que creían muy improbable la victoria de los cristeros. No faltaron incluso algunos pocos Obispos que llegaron a amenazar con la excomunión a quienes se fueran con los cristeros o los ayudaran.
Aprobaron la rebelión armada los Obispos Manríquez y Zárate, González y Valencia, Lara y Torres, Mora y del Río, y estuvieron muy cerca de los cristeros el Obispo de Colima, Velasco, y el arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez, quienes, con grave riesgo, permanecieron ocultos en sus diócesis, asistiendo a su pueblo.
Agosto de 1926. Muchos campesinos, de la zona central de México sobre todo, se echan al monte, como Francisco Campos, «a buscar a Dios Nuestro Señor».
«En Cocula (Jalisco), desde el 1º de agosto la iglesia estaba custodiada permanentemente por 100 mujeres en el interior y 150 hombres en el atrio y en el campanario, de noche y de día. Los cinco barrios se relevaban por turno y a cada alarma se tocaba el bordón. Entonces, todo el mundo acudía al instante, como refiere Porfiria Morales. El 5 de agosto tocó la campana cuando ella estaba en su cocina; su criada María, exclamó: "¡Ave María Purísima!". Se quitó el delantal, tomo su rebozo y un garrote, y cuando aquélla le preguntó a dónde iba, le contestó: "¡Qué pregunta de mi ama! ¿Qué no oye la campana que nos llama a los católicos de la Unión Popular? ¡Primero son las cosas de Dios!" Y salió dejando las cacerolas en el fuego» (Meyer I,103).
No podrá encarecerse suficientemente el valor de las mujeres católicas mexicanas en la Cristiada, repartiendo propaganda, llevando avisos, acogiendo prófugos o cuidando heridos, ayudando clandestinamente al aprovisionamiento de alimentos y armas. Las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, las Brigadas Bonitas, escribieron historias de leyenda... Pero, en fin, la guerra es cosa de hombres, y a ella se fueron campesinos recios. Ezequiel Mendoza Barragán, un ranchero de Coalcomán, en Michoacán, cuya voz patriarcal hemos de escuchar en otras ocasiones, lo cuenta así:
«Centenares de personas firmamos los papeles, se enviaron a Calles y a sus secuaces, pero todo fue inútil... Los Calles se creyeron muy grandotes y más nos apretaron, matando gente y confiscando bienes particulares de los católicos. Yo, ignorante, pero con brío, al saber los nuevos procedimientos de tal gobierno, me exalté y quise tapar el sol con un dedo, así eran mis sentimientos, me fui a conquistar gente armada y dispuesta a la guerra en defensa de la libertad de Dios y de los prójimos» (Testimonio 17).
Jean Meyer, en el volumen I de su obra, describe al detalle las vicisitudes que corrió al paso de los años la guerra de la Cristiada, que él divide en estas fases:
-incubación, de julio a diciembre de 1926;
-explosión del alzamiento armado, desde enero de 1927;
-consolidación de las posiciones, de julio 1927 a julio de 1928, es decir, desde que el general Gorostieta asume la guía de los cristeros hasta la muerte de Obregón.
-prolongación del conflicto, de agosto 1928 a febrero de 1929, tiempo en que el Gobierno comienza a entender que no podrá vencer militarmente a los cristeros;
-apogeo del movimiento cristero, de marzo a junio de 1929;
-licenciamiento de los cristeros, en junio 1929, cuando se producen los mal llamados Arreglos entre la Iglesia y el Estado.
México recién había superado un prolongado y muy costoso conflicto armado que ensagrentó durante poco más de siete años buena parte del país. No sólo eso, los cristeros eran un ejército irregular (a pesar de que contaron con algunos militares de carrera en sus filas), que no esperaban recibir pago y que no contaban con mecanismos formales de aprovisionamiento, reclutamiento, entrenamiento, atención a sus heridos o cuidado de los deudos. A diferencia de otros grupos armados en la historia de México, no practicaron la así llamada 'leva' (una práctica por la que se obliga a personas a sumarse a un ejército).
Muchos cristeros fueron colgados en Jalisco y otras ciudades sin juicios, por la sola orden de los oficiales del ejército mexicano.
Citando vivencias sobre personas que vivieron en carne propia la guerra, cuentan que el gobierno mandó quemar todos los documentos de la iglesia,incluidas la Fe de bautizo de todas las personas. Fue una guerra muy tortuosa. Finalmente, a diferencia muchos grupos armados durante la revolución y antes, durante el siglo XIX, el mercado estadounidense de armas estuvo —al menos formalmente-- cerrado para este grupo, por lo que no pudieron adquirir armas o municiones y debían depender de armamento anticuado (mucho de él excedente de la Revolución de 1910-1917) y operar con muy escasa munición.
El ejército «consustancial con el gobierno» en el México de entonces «consideraba a la Iglesia como su adversaria personal. Agente activo del anticlericalismo y de la lucha antirreligiosa, hizo su propia guerra, su guerra religiosa. El general Eulogio Ortiz mandó fusilar a un soldado, en el cuello del cual vió un escapulario. Algunos oficiales llevaban sus tropas al combate al grito de ¡Viva Satán!» (Meyer I,146).
En 1928, luego de una reforma de la Constitución de 1917 y a pesar de que la Revolución mexicana había iniciado al grito de "sufragio efectivo, no reelección", el ex presidente Álvaro Obregón contendió como candidato virtualmente único en las elecciones presidenciales. El Grupo Sonora, se pensaba en ese entonces, repetiría la fórmula seguida 40 años antes por el grupo Oaxaca, encabezado por Porfirio Díaz, para reformar paulatinamente la Constitución. Se decía, sin embargo, que Obregón —a diferencia de Calles— no tenía interés en continuar con el conflicto, por lo que llegaría a un acuerdo para acabar con la guerra. Obregón, sin embargo fue asesinado por José de León Toral en el restaurante "La Bombilla" en el Distrito Federal. Obregón había acudido ahí a participar de un desayuno ofrecido por los legisladores del bloque parlamentario que le apoyaba.
A mediados de 1928 los cristeros, unos 25.000 hombres en armas, «no podían ya ser vencidos, dice Meyer, lo cual constituía una gran victoria; pero el gobierno, sostenido por la fuerza norteamericana, no parecía a punto de caer» (I, 248). En realidad, la posición de los cristeros era a mediados de 1929 mejor que la de los federales, pues, combatiendo por una Causa absoluta, tenían mejor moral y disciplina, y operando en pequeños grupos que golpeaban y huían -piquihuye-, sufrían muchas menos bajas que los soldados callistas. Después de tres años de guerra, se calcula que en ella murieron 25.000 o 30.000 cristeros, por 60.000 soldados federales.
En enero de 1929, el embajador norteamericano Morrow -que insistía al gobierno y a la prensa para que no hablasen de cristeros sino de «bandidos» (I,301)- estimaba improbable pacificar el Estado «antes de que se solucione la cuestión religiosa». En febrero los mismos políticos veían el panorama muy oscuro, y un senador decía en un discurso a sus colegas: «¿Es que nuestros soldados no saben combatir rancheros, o no se quiere que se acabe la rebelión? Pues dígase de una vez y no estemos echando más leña. No se olviden ustedes de que con tres Estados más que se levanten de veras, ¡cuidado con el Poder Público, señores!» (I,285).
A mediados de 1929 se veía ya claramente que, al menos a corto plazo, ni unos ni otros podían vencer. Sin embargo, en este empate había una gran diferencia: en tanto que los cristeros estaban dispuestos a seguir luchando el tiempo que fuera necesario hasta obtener la derogación de las leyes que perseguían a la Iglesia, el gobierno, viéndose en bancarrota tanto en economía como en prestigio ante las naciones, tenía extremada urgencia de terminar el conflicto cuanto antes. Eran, pues, éstas unas favorables condiciones para negociar el reconocimiento de los derechos de la Iglesia.
Las negociaciones.
Desde mediados de 1927 estuvo al mando supremo de los cristeros el general Gorostieta, militar de carrera, a quien iban llegando de cuando en cuando rumores de posibles arreglos entre la Iglesia y el Estado, a espaldas de la Guardia Nacional cristera.
El 2 de junio de 1929 el general Gorostieta, que se oponia al finalizar la guerra hasta que el gobierno no aceptara todas las condiciones de la Iglesia Católica, fue asesinado en una emboscada por los callistas, y le sucedió al frente de la Guardia Nacional el general Degollado.
Al llegar a Emilio Portes Gil, comenzó una larga negociación, en la que participó como mediador, el recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow. Por su parte, la Santa Sede designó al todavía Obispo de Tabasco Pascual Díaz Barreto, como secretario del Comité Episcopal nombrándolo "intermediario oficial" para solucionar el conflicto Iglesia-Estado. Junto con el delegado apostólico Señor Leopoldo Ruiz y Flores, se entrevistaron con el presidente, Lic. Emilio Portes Gil, para llegar a un acuerdo el 21 de junio de 1929 sobre la cuestión religiosa.
Se dio así la entrevista de los jefes Cristeros y el jefe de Operaciones Militares del Estado de Colima el 21 de Junio de 1929.
Se logró un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse. Se acordó devolver las casas curales y episcopales, y evitar mayores confrontaciones en lo sucesivo. Sin embargo, para ese entonces existía una profunda división en el seno de la Iglesia en México.
La historia de los Arreglos alcanzados en junio de 1929 es tan triste que haremos de ella una referencia muy breve, ateniéndonos sobre todo a la documentada información que López Beltrán ha dado recientemente del asunto. Mons. Ruiz y Flores, Delegado Apostólico ad referendum, escogió como secretario para negociar a Mons. Pascual Díaz y Barreto, el «único Obispo que había mostrado decidido empeño en lograr una transacción con los callistas» (Lpz. Beltrán 499).
Ambos fueron traídos de los Estados Unidos a México, incomunicados en un vagón de tren, por el embajador norteamericano Dwight Whitney Morrow, banquero y diplomático, protestante y masón, cómplice de Calles y del presidente Portes Gil. Ya en la ciudad de México continuaron incomunicados en la lujosa residencia del banquero Agustín Legorreta. No recibieron ni a los Obispos mexicanos ni a un enviado de la Liga. Tampoco quisieron recibier al Obispo Miguel de la Mora, secretario del Subcomité Episcopal, que mandó aviso a Mons. Flores de que «tenía grandes y urgentes cosas que comunicarle, y que no fuera a pactar nada sin antes oírlo». Las puertas de aquella casa, en esos días, sólo estuvieron abiertas «para Morrow, para los sacerdotes extranjeros: Wilfrid y Parsons y Edmundo Walsh, S.J. [experto en política internacional de la universidad de Georgetown], para Cruchaga Tocornal, el embajador de Chile, y para otros extranjeros. Para los extraños. No para los mexicanos» (Lpz. Beltrán 516).
Puede afirmarse, pues, que los dos Obispos de los Arreglos con Portes Gil no cumplieron las Normas escritas que Pío XI les había dado, pues no tuvieron en cuenta el juicio de los Obispos, ni el de los cristeros o la Liga Nacional; tampoco consiguieron, ni de lejos, la derogación de las leyes persecutorias de la Iglesia; y menos aún obtuvieron garantías escritas que protegieran la suerte de los cristeros una vez depuestas las armas.
Sólamente consiguieron del Presidente unas palabras de conciliación y buena voluntad, y unas Declaraciones escritas en las que, sin derogar ley alguna, se afirmaba el propósito de aplicarlas «sin tendencia sectaria y sin perjuicio alguno». Así las cosas, los dos Obispos, convencidos por el embajador norteamericano Morrow de que no era posible conseguir del Presidente más que tales Declaraciones, y aconsejados por Cruchaga y el padre Walsh, que las «creían suficientes», aceptaron este documento redactado personalmente en inglés por el mismo Morrow:
«El Obispo Díaz y yo hemos tenido varias conferencias con el C. Presidente de la República... Me satisface manifestar que todas las conversaciones se han significado por un espíritu de mutua buena voluntad y respeto. Como consecuencia de dichas Declaraciones hechas por el C. Presidente, el clero mexicano reanudará los servicios religiosos de acuerdo con las leyes vigentes. Yo abrigo la esperanza de que la reanudación de los servicios religiosos [expresión protestante, propia de Morrow, su redactor] pueda conducir al Pueblo Mexicano, animado por un espíritu de buena voluntad, a cooperar en todos los esfuerzos morales que se hagan para beneficio de todos los de la tierra de nuestros mayores. México, D.F. Junio 21 de 1929.-Leopoldo Ruiz, Arzobispo de Morelia y Delegado Apostólico» (Lpz. Beltrán página 527).
Las leyes vigentes, por supuesto, eran aquéllas que habían desencadenado la Cristiada. ¿Para derogar aquellas leyes vigentes habían muerto inútilmente veinte o treinta mil cristeros?.
La fractura afectaba desde la cúpula episcopal hasta los laicos. Entre los obispos, la mayoría estaba a favor de un acuerdo con el gobierno, pero habían tres, muy combativos, opuestos al acuerdo. El más decidido de los obispos en contra del acuerdo fue monseñor Leopoldo Lara y Torres, obispo de Tacámbaro en Michoacán. En el otro extremo, presionando para que se lograra un acuerdo con el gobierno, se encontraban los obispos de la Ciudad de México José Mora y del Río y de Tabasco Pascual Díaz Barreto S.J.
Más importantes, acaso, que las divisiones fueron las consecuencias que el conflicto y el desempeño de los laicos católicos vinculados a la Liga tuvieron para marcar el futuro de las relaciones entre laicos y obispos en el seno de la Iglesia católica en México. Como consecuencia de la ruptura entre la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa y los obispos mexicanos, estos últimos desarrollaron una política de creciente centralización y control de las actividades de los laicos católicos mexicanos por medio de la Acción Católica Mexicana.
En todo caso, la Liga y la mayoría de los efectivos de los ejércitos cristeros no aceptaron el acuerdo, así que estimaciones de personajes cercanos a la Liga señalan que de unas 50 mil personas involucradas directa o indirectamente en las acciones militares, sólo 14 mil depusieron las armas, aunque estas cifras han sido motivo de debate.
Bajo la fuerte presión del gobierno de Estados Unidos, que a su vez respondía a las peticiones repetidas de obispos y laicos católicos en ese país, el presidente Portes Gil anunció que la Iglesia católica se sometería a la ley sin que la Constitución sufriera alguna modificación. A partir de ese momento, sin embargo, el país entró en lo que investigadores de la relación Iglesia-Estado en México han calificado como un periodo de "relaciones nicodémicas", en referencia a Nicodemo, el fariseo que se acercaba a Jesús de noche (de ahí el término nicodemo, "el que viene de noche"). Otros calificaron a este periodo, que se extendería hasta 1929, como un "modus vivendi", un modo de vivir, en el que el Estado renunciaba a la aplicación de la ley y la Iglesia renunciaba a exigir sus derechos. Estas relaciones nicodémicas o modus vivendi debieron enfrentar, sin embargo un severo momento de prueba cuando Calles, presionado por los efectos devastadores de la crisis de 1929 pronunció el así llamado Grito de Guadalajara.
El embajador estadounidense Morrow y Portes Gil, el 27 de junio de 1929, dieron un gran banquete al presidente Portes Gil, el cual a los postres habló :
«a sus reverendos hermanos»:
«Mientras el clero fue rebelde a las Instituciones y a las Leyes, el Gobierno de la República estuvo en el deber de combatirlo... Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado. Y ha declarado sin tapujos: que se somete estrictamente a las Leyes (aplausos). Y yo no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las Leyes... La lucha [sin embargo] es eterna. La lucha se inició hace veinte siglos…. mientras yo esté en el Gobierno, se cumplirá estrictamente con esa legislación (aplausos).
«En México, el Estado y la masonería, en los últimos años, han sido una misma cosa: dos entidades que marchan aparejadas, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder, han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios.» (+Lpz. Beltrán páginas 540-541).
En ese Grito, 21 de julio de 1934, Calles - en su oficiosa condición de "jefe máximo de la Revolución mexicana" - hacía un llamado para que Revolución, triunfante en lo militar, se trasladara a partir de ese momento al ámbito de la conciencia, de la educación y, de manera más específica, de la educación de los niños. El Grito de Guadalajara marcó el inicio de una serie de reformas al sistema educativo mexicano que culminaron con el proyecto de la así llamada "educación socialista".
Las tensiones creadas por el Grito fueron de tales dimensiones que, una vez más, se organizaron una serie de movilizaciones que, por su magnitud son conocidas como "La Segunda", es decir, la Segunda Cristiada, aunque en esta ocasión no hubo fracturas en el seno del episcopado.
No sólo eso. Desde Roma, el Papa Pío XI, consternado ante lo que parecía el inicio de un nuevo ciclo de violencia en México, publicó la encíclica Acerba Animi en septiembre de 1932.
A pesar de las tensiones generadas por el Grito de Guadalajara, el gobierno mexicano contribuyó a esta fórmula de relaciones nicodémicas decidiéndose a no aplicar la legislación en materia de cultos, a moderar las reformas en materia educativa (la así llamada "educación socialista" era un lejano recuerdo ya para finales de la década de los cuarenta), pero sobre todo a centralizar, una vez más en la figura del presidente, el manejo de la relación con la Iglesia, con lo que se evitaban nuevos episodios de radicalización a cargo de gobernadores como sucedió en Tabasco con Tomás Garrido Canabal.
Esta decisión fue correspondida por la Iglesia. Los obispos mexicanos "ungieron" al arzobispo de México como interlocutor oficioso con las autoridades federales (los obispos del país no se pronunciarían en materias de política nacional, dejando cualquier opinión en manos del arzobispo de México). No sólo eso, México fue uno de los pocos países del mundo en el que el delegado apostólico fue un obispo del propio país. Esto fue así en el periodo 1927-1951. Durante este tiempo, la representación de la Santa Sede en México fue ejercida sucesivamente por los arzobispos Pascual Díaz Barreto (de la ciudad de México de 1929 a 1936), Leopoldo Ruiz y Flores (de Morelia de 1936 a 1941) y Luis María Martínez (de la ciudad de México de 1941 a 1951).
El capellán de los cristeros de Colima, padre Enrique de Jesús Ochoa, en Los cristeros del volcán de Colima, cuenta que «lloró de verdad el mismo Señor Ruiz y Flores cuando se vió burlado, cuando miró el fracaso de aquellos Arreglos, "si arreglos pueden llamarse", según él mismo dijo, escribiendo de su puño y letra (el 1º de agosto de 1929)».
Y añade: «Yo mismo he visto llorar al Papa [Pío XI] cuando trata el asunto de los arreglos de México: L’ho veduto piàngere, decía el Cardenal Boggiani al vicepresidente de la Liga Nacional, don Miguel Palomar y Vizcarra; y al que esto escribe, en Roma el año 1930» (+Lpz. Beltrán página 517).
La Iglesia Católica era atacada en Europa y en América, con un intento de destruirla en los países más católicos y donde había mayoria católica, Rusia, España, México.
Al hacerlo así, se constituyó en México lo que distintos analistas de las relaciones Estado-Iglesia han calificado como un modus vivendi, un "modo de vivir" entre las autoridades civiles que optaban por no aplicar las leyes y las autoridades religiosas que decidieron no disputar de manera pública las condiciones que les habían sido impuestas.
Durante este periodo, las relaciones Iglesia-Estado en México oscilaron de buenas con Manuel Ávila Camacho, el primer presidente en mucho tiempo en declararse públicamente como católico, a excelentes con Miguel Alemán (monseñor Luis María Martínez se convirtió en una figura omnipresente en las giras y actividades públicas del presidente veracruzano), a ser de colaboración con Adolfo López Mateos (quien logró que en su campaña presidencial de 1958 un sacerdote en el de Zacatecas--Antonio Quintanar, párroco de Tlaltenango--pronunciara, a pesar del artículo 130, un discurso apoyando su candidatura el 1 de febrero de ese año), a tensas con Luis Echeverría Álvarez y finalmente a insostenibles con José López Portillo, quien debió asistir--acaso sin reconocerlo--a los "funerales públicos" del modus vivendi y la legislación entonces vigente en México. Lo que es más, los "funerales" fueron presididos por el entonces recién electo Papa Juan Pablo II.
Juan Pablo II acudió a México, en enero de 1979, a inaugurar la tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla, México. Sin embargo, su viaje motivó una serie de espontáneas expresiones de apoyo y alegría por su presencia en la capital del país, que hicieron impensable la aplicación de lo dispuesto por el artículo 130 de la constitución y sus leyes reglamentarias, en materia de expresiones de culto público.
En los próximos años, la Iglesia, especialmente los líderes de la Conferencia del Episcopado Mexicano como Ernesto Corripio Ahumada, lanzaron una serie de retos a la legislación vigente en el país que culminaron en 1992. Fue entonces cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari promovió una serie de reformas a los artículos 3, 5, 27, 28 y 130 de la Constitución, apoyadas por una abrumadora mayoría de diputados y senadores del Congreso electos por los tres principales partidos políticos de México (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática). El siguiente paso ocurrió cuando se reanudaron, luego de más de un siglo de estar interrumpidas, las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede para dar paso, finalmente, a la promulgación de nuevas leyes reglamentarias de las relaciones Estado-iglesias.
En 1993 el gobierno de México concedió a la Iglesia un precario reconocimiento legal como asociación religiosa, y reestableció sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
La nueva legislación otorga personalidad jurídica a las iglesias y devolvió parcialmente los derechos políticos a los así llamados "ministros de culto", que ahora pueden votar. Sin embargo, la legislación mexicana aún desconoce el derecho de los "ministros de culto" a ser votados, además de que impone mecanismos muy restrictivos para el ingreso de personal religioso extranjero a México. La personalidad jurídica de las iglesias está limitada también en lo que hace a su capacidad para ser propietarias de bienes inmuebles y especialmente para ser propietarias u operar medios de comunicación electrónicos.
La guerra cristera dejó una huella profunda en la vida pública mexicana. En un sentido, dejó en clara la disposición de grupos de laicos dentro de la Iglesia a confrontarse con los líderes de ésta. Las autoridades civiles debieron reconocer la imposibilidad práctica del modelo de relaciones Estado-Iglesia definido por la original Constitución de 1917. Los líderes formales del catolicismo mexicano, especialmente sus obispos, fueron obligados a desarrollar estrategias autónomas de organización y financiamiento de sus actividades. Este modelo, sin paralelo en América Latina, ha hecho del catolicismo mexicano un caso atípico cuando se le compara con las experiencias del catolicismo en el resto de hispanoamérica.
En México en el siglo XX se calcula que cerca de 300 mil muertos, la mayoría de ellos civiles católicos mártires dejó como secuela la «guerra cristera».
REY DE NUESTRA PATRIA.
¡VIVA CRISTO REY!
¡VIVA SANTA MARIA DE GUADALUPE!
Dios, Patria y Libertad».
